Un juzgado declara nula la rescisión del contrato de los empleados que firmó el anterior gobierno local del PP

El Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla ha declarado nulo el despido de cuatro trabajadores del colegio mayor Maese Rodrigo que fueron despedidos el 30 de septiembre de 2014 por el anterior equipo de gobierno, en manos del popular Ricardo Tarno. Ahora, una sentencia del citado juzgado recoge que «procede declarar la nulidad del despido de los actores», informó el Consistorio en un comunicado.

El anterior equipo de gobierno despidió a los trabajadores argumentando «causas productivas y económicas». Ahora el juez desmonta la teoría del gobierno local de entonces al sentenciar que los despidos fueron fraudulentos.

El juez se basa en que esos cuatro despidos forman parte de un despido colectivo que incluía a otros tres trabajadores que fueron echados más tarde. Tal y como recoge la sentencia, «ya se sabía, a fecha del despido que se iba a despedir a toda la plantilla, como revela el hecho de que ya se habían redactado las cartas de despido de todos los trabajadores, por lo que el empresario (el Ayuntamiento) sabía que a las extinciones acordadas se le unirían en fechas próximas otras con las que superarían los umbrales del despido colectivo».

Según la sentencia, «la decisión de extinguir varios contratos se tomó simultáneamente y que su ejecución se espació en el tiempo para evitar los trámites de los despidos colectivos».

El socialista Antonio Conde, actual alcalde de Mairena de Aljarafe, ha anunciado que «como ya hicimos con la trabajadora que fue despedida en 2012 estando embarazada, vamos a readmitir a estos trabajadores, porque se violaron sus derechos y porque un Ayuntamiento debe ser la primera administración que debe velar por el cumplimiento de la ley».

El colegio mayor Maese Rodrigo, creado en 1994 por la Universidad Hispalense y el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, se declaraba hace ya un año en concurso voluntario de acreedores dada su «situación de insolvencia» al contar con un activo inventariado de bienes y derechos por importe de 194.511 euros, pero deudas por valor de 581.934 euros, careciendo de su «única» fuente de ingresos dada la suspensión de admisión de colegiales decidida el 2 de junio de 2014 en el seno de la junta de gobierno de la institución, debido a la bajada en el número de alumnos alojados.

Seis casos

En seis meses es la segunda ocasión en la que un juzgado sentencia en contra de despidos dictados durante el anterior mandato. En 2012 el equipo de gobierno de entonces despidió a dos trabajadoras estando embarazadas. Tras el despido, con fecha de 25 de septiembre, una de ellas denunció al Ayuntamiento y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró nulo el despido. A pesar de ello, el anterior equipo de gobierno no dio cumplimiento a la sentencia e inició expediente de no readmisión. Sólo después de una decisión del actual regidor, el Ayuntamiento volvió a contratar a la afectada.

 

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