Una red de estafadores «vendía» en los juzgados de Viapol fincas embargadas

El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional ha detenido a cinco individuos acusados de estafar a más de una docena de personas con la falsa compra de fincas embargadas haciéndose pasar uno de ellos por fiscal y otros por peritos o secretarios judiciales y usando para cerrar las operaciones la sede judicial de Viapol.

El volumen de la estafa se estima en 1,3 millones de euros, aunque dado que la operación no está cerrada y la Policía aún está analizando la documentación intervenida la cantidad y las personas afectadas, podría ser superior. Los detenidos, a los que también se les acusa de un delito de falsificación de documentos y de asociación ilícita, son todos españoles residentes en la provincia de Sevilla; sólo uno de ellos, el que se hacía pasar por fiscal, tenía antecedentes previos.

La investigación policial ha sacado a la luz que los detenidos formaban una organización perfectamente estructurada. Localizaban a sus víctimas, personas interesadas en las subastas judiciales en el entorno de los juzgados de Viapol, a donde presumiblemente se acercarían a conocer las fincas embargadas que iban a salir a subasta. Les hacían creer que podrían adquirir propiedades inmobiliarias embargadas antes de su salida a subasta pública por lo que ellos denominaban «designación judicial directa» gracias a sus contactos con los encargados del procedimiento.

D Entonces se dirigían a las instalaciones judiciales de Viapol y allí, en las dependencias del Colegio de Abogados —unas instalaciones abiertas a estos profesionales pero donde, señaló ayer el decano del colegio, José Joaquín Gallardo, no se pide a nadie que se identifique para usarlas— uno de ellos, que se presentaba como «fiscal», les ofrecía diversas propiedades que podrían ajustarse a sus intereses. Si el «comprador» les pedía garantías o mostraba desconfianza hacia el «fiscal», aparecía otro de los miembros de la organización que se hacía pasar por perito judicial, y todos se desplazaban hasta la propiedad que iba a ser supuestamente subastada; allí, el «perito» simulaba tasar la finca para ganarse la confianza del «comprador». En el paso siguiente los «secretarios judiciales» de la banda les entregaban los documentos, falsificados, con los que en teoría se daba validez a la operación, a la entrega de un 30% del precio pactado. La entrega de ese primer pago y de los

siguientes se hacía en la misma sede judicial de Viapol a «el fiscal» quien a su vez daba al «comprador» la documentación falsa incluidos resguardos de ingresos bancarios.

De esta manera la organización realizó, que se sepa hasta el momento, un total de ocho «ventas»: una finca de 600 hectáreas sita en la localidad de Hinojos por la que consiguió 103.000 euros; una nave industrial en el polígono Pisa, en Mairena del Aljarafe, por la que lograron 230.000 euros; un piso en La Antilla (Huelva), por 70.000 euros; un piso en Punta Umbria (Huelva), por 30.000 euros; dos casas en Manzanilla (Huelva) y una casa en El Rocío, que vendieron en dos ocasiones distintas, en una por 240.000 euros y en otra por 230.000, unos precios considerablemente inferiores a los del mercado que pueden situar hoy el precio de un inmueble en la aldea de Almonte en más de medio millón de euros.

En uno de los casos el «comprador» sintió cierto reparo por hacerse con un piso embargado a una familia, y la reacción de la banda fue que uno de sus miembros se hizo pasar por un empresario muy interesado en adquirir esa finca, con lo que venció cualquier reticencia.

La Policía tuvo conocimiento de los hechos a finales de enero, cuando uno de los afectados los denunció. Ante la gravedad que apuntaba el caso, los especialistas en estos fraudes del Grupo de Delitos Económicos de la Policía Judicial pusieron todo su empeño en esclarecerlos. Verificaron los hechos e identificaron a los integrantes de la banda y luego, haciendose pasar por personas interesadas en adquirir inmuebles, les convocaron a reunirse con ellos en tres sitios distintos localizados en la provincia y en Sevilla capital. Allí los detuvieron en una operación simultánea, con el fin de que ninguno de ellos pudiera hacer desaparecer documentación que los implicara. En el registro de sus domicilios hallaron la documentación que sacó a la luz los casos citados, aunque no se descarta ni que haya habido más estafas ni que haya más personas implicadas.

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y tres de ellos han ingresado en prisión.

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